Visto:
La problemática de la “inseguridad” en el mundo, en el país y, naturalmente, en la ciudad de Rosario;
El Programa “Manuel de Buenas Prácticas”, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU);
Y, Considerando:
Que, el tema de la inseguridad es quizás uno de los que más fuertemente golpea a los vecinos y vecinas, particularmente de las ciudades más densamente pobladas y que es un deber indelegable del Estado prestar el servicio de seguridad pública de un modo equitativo; es decir, dar más seguridad a quien más lo necesita.
Que, la inseguridad puede manifestarse mediante un duro golpe a nuestra integridad física o un simple arrebato a una pertenencia; que puede obligarnos además a cambios en nuestro uso de los espacios, en la organización de nuestros tiempos, en la selección de nuestras actividades y que, incluso, amenaza con quebrar nuestros afectos comunes, nuestros rituales y costumbres que constituyen nuestra identidad como comunidad.
Que, debemos asumir que no es un problema que se presente aislado, sino que está directamente relacionada con la complejidad urbana de las ciudades modernas, y la calidad de vida individual y colectiva.
Que, es realmente en el marco de las ciudades donde llevamos a cabo con intensidad nuestra vida social, donde optamos por diversas alternativas para nuestra educación y la de nuestros hijos; es el espacio donde ejercemos más activamente nuestros derechos cívicos y reforzamos nuestra participación social y cultural. Así como la antigua metrópoli fue el ámbito inaugural para el lanzamiento de la discusión democrática y participativa, la ciudad contemporánea es el hábitat en el que se juega la mayor parte de nuestras posibilidades de desarrollo humano, al menos para la gran mayoría de los hombres y mujeres de la población mundial.
Que los esfuerzos en busca de soluciones deben abarcar desde el abordaje de los motivos socio-económicos de la inseguridad, hasta el estudio de los mecanismos para el combate del delito; desde la selección de los medios técnicos y profesionales para el control, hasta la imposición del marco conceptual dentro del cual deben buscarse los objetivos tácticos; marco conceptual que debe estar dado por los fundamentos básicos de la democracia y el estado de derecho.
Que, a diferencia del paradigma de la desigualdad en el orden capitalista industrial, en el orden actual, sindicado por un sinnúmero de científicos sociales como de la información, “la desigualdad tiende a definirse cada vez menos por las relaciones de producción entre capitalistas y trabajadores”1, siendo la exclusión marca característica por encima de la explotación.
Que, donde había atención médica, escolaridad, pensiones y seguridad social públicas, hoy hay contrataciones externas: en las últimas décadas, se produjo una explosión de escuelas, seguros de salud, pensiones y hasta seguridad privados. Uno de los sociólogos que más a aportado a las ciencias sociales respecto del contexto actual, Ulrich Beck, da el nombre de brasileñización al proceso; proceso que, en medio de ciudades que día a día se vuelven más genéricas y menos diferentes entre sí, hacia el interior de sus interrelaciones urbanas, reproduce comportamientos e intercambios similares en casi todo el hemisferio occidental y en cada vez más ciudades del hemisferio oriental. Pero es en la periferia donde los efectos “colaterales” de éste nuevo modelo de acumulación se manifiestan con su cara menos televisable: es aquí donde se producen las mayores desigualdades y todos los conflictos en el orden social que éstas desencadenan, entre los que hoy destacan las conductas delictivas.
Que, la inseguridad es un fenómeno que no se reduce simplemente a las conductas delictivas, sino que se trata de un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver, en el caso de nuestro país y en el caso de un centro urbano como Rosario, con profundas transformaciones que se han operado en nuestro proceso productivo, redundando en cambios profundos en la capacidad de contención que tenían los distintos estamentos de nuestra sociedad en años recientes, capacidad que se ha ido perdiendo. No resulta posible, y menos conveniente, negar que en los últimos 25 años las estructuras estatales argentinas han sufrido un proceso pronunciado de pérdida de su capacidad de inclusión. En éstos momentos, certezas tradicionales de la población Argentina, como aquélla de que el trabajo acumulado en el tiempo tenía como consecuencia inmediata la prosperidad personal y material, son certezas que se han difuminado en el aire. Hoy todos, en mayor o menor medida, estamos “en el aire”, y la sensación de incertidumbre colectiva contribuye a generar un clima creciente de inseguridad social, en todos los niveles. La inseguridad tiene que ver, también, con la inseguridad y la inestabilidad en el empleo, con la inseguridad en la educación, con la inseguridad, como proveedores de seguridad y contención, de los padres y madres de familia, así como la inseguridad de los jóvenes de poder o no incorporarse al proceso productivo o terminar sus estudios. Situaciones éstas que han generado una sensación muy profunda de sentido de amenaza. Nuestra población se siente amenazada por riesgos diversos y no advierte en el horizonte que existan posibilidades de superar la inmovilidad actual.
Que, tras el proceso de desintegración definitiva del tejido social que se intentó operar en nuestro país, como en vastas regiones del mundo, flota también “en el aire” la idea de que en las nuevas reglas del funcionamiento del mundo y de nuestra propia economía, hay una lógica de ganadores y perdedores. El cuadro se agrava cuando vemos, además, que son escasas las políticas de contención para los perdedores. Creemos que ésto también contribuye a generar esta profunda sensación y situación de inseguridad en muchísimos de nuestros ciudadanos. Y esto, por supuesto, da espacio a toda una gama de situaciones subjetivas de temor y de inseguridad, volviéndose campo fértil para propuestas simplistas, lineales, que llegan, incluso, a meras posturas efectistas e irresponsables que propongan soluciones más directas, cuando no caen en la comisión de delitos al efectuar declaraciones que poco contribuyen a la pacificación de la sociedad. Estas alternativas pueden parecer atractivas, pero generalmente solo sirven de cultivo para el desarrollo de pensamientos autoritarios a los cuales, desde el poder público, tenemos la responsabilidades de contrarrestar con posiciones más reflexivas y acciones concretas que rompan el aislamiento de los ciudadanos.
Que, la cuestión de la seguridad, tal como se manifiesta en el presente, no resulta una situación ordinaria, sino una que no registra antecedentes, ni en Argentina ni en el mundo. Por otro lado, sabemos, la seguridad es una condición para el desarrollo sostenible, a lo que le agregamos que también lo es para un desarrollo incluyente e integrado en la sociedad.
Que, sobre el tópico, tenemos un gran defecto casi de origen en Argentina: por un lado asumimos o reconocemos la importancia del tema en sí mismo, y también la importancia que le da la sociedad, pero por el otro, siempre caemos en el grave error de tratar este tema superficialmente, de correr detrás de consignar un signo, de debatir el tema de la seguridad en medio de preguntas políticas o de contextos electorales.
Que, por el bien de la ciudadanía toda, es menester que nadie busque en un tema tan sensible, tan preocupante, un aprovechamiento coyuntural, de facción, electoralista. Todas las fuerzas políticas tienen que comprender que hoy el tema de la inseguridad es realmente un asunto de Estado y que tenemos que emplear todos los dispositivos, policiales, de seguridad, el aparato Judicial, fundamentalmente la educación, y todos aquellos elementos que nos permitan atacar este flagelo que hoy está lacerando y carcomiendo las estructuras democráticas, produciendo en un tejido social de por sí explotado, un continuo resquebrajamiento en la convivencia de las partes. El tema es muy complejo y no se puede abordar con las urgencias y las pasiones de un debate electoral y tampoco se puede abordar desde una mera parcialidad, que es otro de los defectos que solemos tener. Generalmente solemos caer en reducir la problemática a un tema meramente o exclusivamente policial. Esta línea de pensamiento pone de manifiesto otro fenómeno propio de la materia, que es el enfriamiento del pensamiento referido a la seguridad; es que el concepto ha quedado congelado en las concepciones de hace muchos años, produciéndose, aún hoy, una identificación del fenómeno de la seguridad con el fenómeno policial. Se ha dicho en muchísimas oportunidades que la seguridad la hace la policía. Y en principio eso, indudablemente, es así. Pero hoy todo el mundo sabe que la seguridad se hace con la policía, es correcto, pero también con muchos otros factores y actores más.
Que no debe olvidarse, al fragor de la discusión mediática, que es la difícil situación socio-económica por la que atraviesan muchas de nuestras sociedades, la que produce, como uno de sus síntomas principales, un angustiante y creciente índice de criminalidad; criminalidad que se manifiesta con diferentes modalidades y diversos niveles de agresividad o violencia. La inseguridad, tanto en su faceta real fáctica de los atentados contra la integridad física, la vida o la propiedad, como en su cara subjetiva del miedo, la parálisis y el terror, presiona para romper las reglas, los compromisos y las construcciones simbólicas: todo el conjunto de normas, leyes, códigos espontáneos y reglas del juego que organizan la vida urbana.
Que, la multiplicación y sofisticación en la comisión de delitos genera, además de las lamentables consecuencias materiales, la carga subjetiva de la sensación de inseguridad; sensación que dispara desde las exigencias más legítimas de protección por parte del Estado, a las más irracionales demandas de venganza, represión o justicia por mano propia. En éste contexto, la sucesión de actos de gran violencia presiona no sólo por un cambio en las pautas de conducta de la comunidad urbana, sino también por un replanteo de su misma idiosincrasia, un replanteo que por lo general resulta triste, cuando no alarmante, ya que se suele echar mano a recursos tales como valuar la vida humana según la cantidad de dinero que lleva una persona en el bolsillo o la cantidad de veces que se ha cometido un atraco. Pendular que, inmersos en el delirio de la violencia, suele arrojar resultados tales como que se mate por un par de zapatos pero que también que se sostenga que pueda merecer la muerte quien ha robado zapatos más de una vez. La falsa dicotomía “seguridad o represión”, tal como lo plantea el enfoque más reduccionista de esta problemática, no deja ver que la puesta en marcha de mecanismos de seguridad no se contrapone en lo más mínimo con el respeto estricto de las normas del sistema democrático y la garantía de los derechos civiles y sociales. En éste sentido, es fundamental que en toda la discusión no se pierda nunca de vista la dimensión de los Derechos Humanos y que de los mismos no debe hacerse un uso maniqueo, ya que son derechos que nos protegen a todos y todas, y la seguridad ciudadana también es un Derecho Humano
Que, tal como sostiene la ONU, una estrategia moderna de lucha contra el delito urbano comienza necesariamente por reconocer que el crimen es una manifestación de ciertas condiciones predeterminadas de vida, con la excepción de aquellos delitos resultantes de patologías específicas. Todo acto criminal expresa un determinado tipo de disfuncionamiento en ciertos espacios sociales y tiempos históricos. Si la inseguridad en las ciudades del mundo crece día a día, esto se debe, y no a otra cosa, a que fallamos en construir un mundo más justo y un sistema urbano más habitable y equitativo. En esencial reconocer que en un proyecto democrático, la inseguridad es producto de la injusticia.
Que, aunque la reacción rápida, precisa y contundente ante la amenaza inminente de la comisión de un delito, es una demanda legitimada por lo que hoy se ha transformado en una de las necesidades de la sociedad civil más reclamada, no podemos obviar que no hay política de seguridad eficaz que no haga pie en la coordinación de la lucha contra la marginación social, contra la pobreza, contra el desempleo y contra el relegamiento cultural. La apuesta por ciudades más seguras debe enmarcarse en el ámbito más general del objetivo permanente del desarrollo humano a escala global y a escala local.
Que la ONU, a lo largo de su historia, ha fijado una serie de normas y estándares sobre prevención del crimen y la justicia criminal que se sostienen sobre las bases del andamiaje jurídico de los Derechos Humanos que todos compartimos. Es para destacar, puntualmente, la producción y edición de un Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana que, en el 80% de las ciudades en las que fue implementado (en cada caso con las adaptaciones a las diferentes realidades culturales, legales y territoriales pertinentes), el éxito ha sido notable y los resultados, los esperados: una sostenida disminución de la comisión de delitos.
Que, si bien es cierto que el poder político tiene el deber de otorgar a la ciudadanía los medios que garanticen el cumplimiento de las condiciones de seguridad, de dotar a las fuerzas del orden de los elementos, la tecnología y la capacitación necesarios para un desempeño eficaz de sus tareas, no es menos cierto que una de sus funciones fundamentales es precisar el marco conceptual en el que se llevarán a cabo las acciones de conducir, limitar y controlar; función que resulta vertebral.
Que, como promotores de la cultura de la participación y el compromiso, creemos que la participación no se convoca, sino que se asume y que el poder político debe alentar a la sociedad civil a la colaboración y alentar su co-responsabilidad. Abrevamos en la convicción de que es a partir del Estado que se podrá reestructurar la relación Estado-Sociedad, con particular profundidad cuando la problemática atraviesa el tejido social de manera transversal, como es el caso de la problemática de la inseguridad. Promover políticas de enlace contribuye a la recohesión de la sociedad y posibilita el escenario donde resulta posible que surja un proyecto alternativo. No es matando que vamos a reducir el número de homicidios. La actual concepción “oficial” de la seguridad pública, está a la vista, ha fallado irremediablemente. Hay que construir otro modelo.
Que, la participación funciona en el sentido de disolver las fronteras burocráticas que separan al ciudadano del Estado. Esto no es una ocurrencia ni una obligatoriedad; es una posibilidad que permite a la ciudadanía ser elegida, para el caso de las personas que así lo decidan ir como propio el método concertador, que no permite que se produzca la ruptura entre la sociedad formal y la sociedad informal. Es inocultable que existe una crisis profunda de la democracia representativa, y que sus vacíos han generado continuas tensiones en el tejido social. Pero la solución para ésta crisis no es menos democracia, menos derechos, menos convivencia, sino todo lo contrario. Por otro lado, creemos que cuando hablamos de “participación” en un tema tan sensible como lo es el de la seguridad ciudadana, hablamos de transitar desde la simple participación en los espacios formales predeterminados para tales fines en la actualidad, a una visión estratégica del control público del Estado. Hablamos de impulsar un marco normativo de participación directa de la ciudadanía que tenga fuerza sobre el Estado para influenciar, para controlarlo desde afuera; permitiendo la estructuración de una opinión pública libre, originaria de una relación dialógica y critica, y no una subsidiaria de las estructuras formales.
Por todo lo expuesto, es que los concejales y las concejalas abajo firmantes, elevan para su aprobación, el siguiente proyecto de:
ORDENANZA
Art.1º: La Municipalidad de Rosario editará y distribuirá, junto con la Tasa General Inmueble, el Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana2 avalado por la Organización de naciones Unidas.-
Art.2º: Definición de Buenas Prácticas Ciudadanas: Acciones especificas impulsadas por comunidades, vecinos, organizaciones sociales, entidades estatales etc, sumando esfuerzos que contribuyan al bien común.-
Art.3º: Objetivos:
-Cuidar a la población: esto es, fortalecer un sistema de seguridad comunitaria, solidaria y participativa.
-Humanizar el conflicto: Las Buenas Prácticas deben combinar una actitud realista respecto de la gravedad y la naturaleza de la situación, con una correcta selección de las acciones a desarrollar para subsanar el conflicto.
-Atender a las victimas: generar los espacios de atención y contención a las víctima, aplicando los principios de solidaridad, igualdad, prevención y protección.
Art. 4º: Periodos de distribución: El Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana será distribuido junto a la boleta de TGI una vez al año. Año a año, el mismo podrá incorporar los saberes y prácticas que resulten de la participación ciudadana en los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distritos (Art. 5º de la presente).-
Art.5º: Creense los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distritos, acorde a la estructura Municipal de administración descentralizada. -
Art.6º: Estos observatorios estarán integrados por todos los actores de la sociedad que así lo requieran, entre otros: vecinos y vecinas, miembros de los cuerpos de seguridad, miembros del sistema judicial, autoridades nacionales, provinciales, municipales y distritales, concejales de la ciudad, instituciones académicas, ONGs, veteranos de guerra, organizaciones empresariales, comerciales, civiles, etc.-
Art.7º: Los Observatorios de Seguridad por Distritos convocaran a todos sus integrantes para la elaboración de diagnósticos y de propuestas al menos de manera bimensual, no siendo ésto razón para evitar que, de resultar necesario, las convocatorias se realicen con mayor frecuencia.
Art.8º: Comuníquese con sus considerandos.-
Antesalas, Marzo de 2009
ANEXO
Manuel de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana
Buenas Practicas son experiencias Nacidas de la imaginación creadora de sus protagonistas que se sobreponen a la rabia, el odio, y el miedo.
Forjadas con tenacidad por personas y comunidades que no renuncian a una vida digna, larga y saludable. Que no renuncian a la utilización de la vía pública como lugar propio y colectivo y a disfrutar del bienestar.
Están protagonizadas por quienes confían en su capacidad de entender los conflictos y tienen la voluntad para cambiar la realidad.
Algunas de las Acciones Directas (medidas de control) sugeridas por el Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana:
1- Propuestas de vecinos y vecinas: son ellos los que conocen el lugar los movimientos del barrio los lugares y horarios conflictivos.
2- Técnicas de aviso: estas técnicas son disuasivas y muy efectivas en el momento de un delito en progreso. Consisten en señales sonoras que alertan a los vecinos y vecinas de que algún acontecimiento está alterando la seguridad del barrio. Se utilizan silbatos, alarmas sonoras con parlantes instalados en la vía pública y que pueden ser activados desde los domicilios. Siempre debemos saber que el paso siguiente a dicha activación de cualquier alarma sonora debe continuar el llamado a las fuerzas de seguridad ( policía, bombero, SIES ).
3- Identificación de barreras físicas y de infraestructura: nos referimos a falta de luminarias, densidad del follaje del arbolado público, basurales, calles desoladas sin viviendas, etc.
4_ Cadena de llamados de alerta entre los vecinos y vecinas.
5_ Conocer los horarios de las personas que concurren a sus lugares de trabajo y regresan a sus domicilios en horas que pudieran resultar peligrosas. De ésta manera sería posible articular la ocupación de la vía pública, a fin de prevenir solidariamente cualquier riesgo de delito.
6- Tener encendidas, en horario nocturno, las luces externas de los domicilios.
7- Ante la identificación de una persona sospechosa, a veces conocida por los vecinos y vecinas, no dudar en llamar a la fuerza policial.
8- Utilizar lo que llamaremos “denuncie fácil”: esto es llamados a la policía alertando de algún posible delito o de la presencia de alguna persona sospechosa sin necesidad de identificarse. Esta técnica se basa en que las personas suelen no hacer llamados preventivos por miedo a reclamos de la fuerza policial o represalias de los sospechosos.
9- Colocación de carteles persuasivos en las columnas o postes del barrio, con leyendas que informen o adviertan que ese barrio está organizado para prevenir el delito.
10- La presencia de los vecinos en las calles del barrio es de vital importancia, organizando recorridos, a pie, en bicicleta, en grupos. También con la reproducción de simples hábitos cotidianos, tales como tomar mates en la vereda u organizar caminatas aeróbicas. Todas éstas, acciones que contribuyen a la reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía.
11- Los canes son una compañía segura. Hay que recordar que si son de gran porte deben contar con las medidas de seguridad correspondientes: nos referimos al bozal y la correa.
12- Colocación de luces exteriores activadas por movimiento y reflectores en zonas de mayor riegos, como así también, terrenos baldíos a través d ellos cuales se pueda tener acceso a las casas linderas.
13- Intimación a los propietarios de éstos terrenos baldíos para que realicen desmalezamiento, limpieza y poda, de resultar necesario, para la mejor visualización del lugar, evitando que el terreno se transforme en escondite para posibles delincuentes.
14- Coordinación directa y comunicación fluida con la comisaria de la zona.
Esto es saber con cuántos efectivos cuenta en cada turno, cuáles son los recursos con respecto a los móviles, cuáles son los recorridos de los mismos, para poder sugerir modificaciones y cambios periódicos, a fin de no generar rutinas predecibles por parte de los malhechores.
15- Identificación de un profesional en leyes de la zona o de las instituciones de la zona, para que asesore a los vecinos en las denuncias por mal funcionamiento de los organizamos y oficiales del Estado, en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, como también aquellos que se desenvuelven en las diferentes sedes judiciales. Medida tendiente a poner una valla ciudadana de control para con los incumplimientos por parte de las fuerzas de seguridad en general.
16- Colocación de cámaras de video que puedan captar imágenes de las zonas mas conflictivas, cuyas imágenes sean recepcionadas en la comisaría de la zona y con la posibilidad de que los vecinos y vecinas tengan acceso a dicho control. Como así también cámaras y circuitos cerrados de video, cuya acceso pueda realizarse por parte de los vecinos, mediante una conexión en red o a través de Internet.
17- Todas éstas medidas de prevención y persuasión deben ser acompañadas inmediatamente por el llamado al 911 y/o 101, y/o comisaría de la zona, solicitando el nombre del personal que atiende el llamado, día y hora del mismo, a fin de efectuar un control más preciso del funcionamiento de los agentes públicos.
Estas medidas sugeridas son consideradas de acción directa. Pero hay que abordar ineludiblemente las causas de la inseguridad propiamente dicha que tienen que ver con la desigualdad, la extrema pobreza, las drogas, las disfuncionalidades dentro de las fuerzas de seguridad y la justicia, que son un problemas que acrecientan la inseguridad sufrida por los vecinos y vecinas. El conocimiento y difusión de nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, hace a la construcción de una ciudad mas justa y en consecuencia, mas segura.
Este programa, llamado de Buenas Prácticas, es una red que funciona en muchas ciudades del mundo y especialmente en latinoamerica, dando en la mayoría de los casos muy buenos resultados en conflictos de distinta gravedad.
Aportemos nuevas ideas que se ajusten a la realidad de cada uno de nuestros barrios y debatamos en las reuniones distritales de los Observatorios Distritales de Seguridad Ciudadana, para enriquecer el próximo manual.
LA SEGURIDAD CIUDADANA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS.
