OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

“...Las víctimas del delito y los amenazados por una nube de violencia inminente no pueden pensar en términos comparativos:cuando han asesinado, violado, robado o secuestrado a alguien, ese acto se convierte en el techo y en el horizonte de toda estadística. Por eso es necesario escuchar el reclamo por seguridad

sin que escucharlo obligue a encontrar allí las soluciones, muchas veces disparatadas, que arrebatada por el dolor la víctima profiere más como un alarido

que como un proyecto.... “

Beatriz Sarlo (Entrevista en Perfil - 21/03/09)

Visto:

La problemática de la (in)seguridad en el mundo, en el país y, naturalmente, en la ciudad de Rosario;

La Ordenanza Nº 8.434 (Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana) aprobada por éste Cuerpo.

Y, Considerando:

Que, la inseguridad puede manifestarse mediante un duro golpe a nuestra integridad física o un simple arrebato a una pertenencia; pero que además puede obligarnos a cambios en nuestros usos de los espacios, en la organización de nuestros tiempos, en la selección de nuestras actividades y que, incluso, amenaza con quebrar nuestros afectos comunes, nuestros rituales y costumbres que constituyen nuestra identidad como comunidad.

Que, debemos asumir que no es un problema que se presente aislado, sino que está directamente relacionado con la complejidad urbana de las ciudades modernas, y con la calidad de vida individual y colectiva.

Que, se trata de una problemática que frecuentemente encuentra en adolescentes y jóvenes relegados económica y culturalmente, un caldo de cultivo en permanente y ascendente ebullición.

Que, la cuestión de la (in)seguridad, tal como se manifiesta en el presente, no resulta una situación ordinaria, sino una que no registra antecedentes en Argentina.

Que, por otro lado, es la seguridad una condición elemental para el desarrollo sostenible, incluyente e integrado de la sociedad.

Que, amen de fijar las pautas operativas para abordar la problemática, el Estado debe fijar primero el marco conceptual desde el que se emprenderán las acciones que ésto requiera.

Que, en un proyecto democrático, resulta escencial reconocer que la inseguridad es producto de la injusticia.

Que, para alcanzar logros de fondo en ésta instancia, es preciso partir de la realidad y no caer en la tentación demagógica: en Rosario hoy hay que pensar el trabajo desde la estructura de un Estado municipal no autónomo, con las limitaciones que ello implica. Se trata, principalmente, de llevar adelante estrategias y acciones de prevención del delito y de control de la labor de los funcionarios públicos.

Que, desde el ámbito comunal, la participación de la ciudadanía en la discusión, elaboración, ejecución y control de las políticas a aplicar se vuelve fundamental. Pero que ésta participación debe darse de manera sustancial y no solo declarada.

Que, por el bien de la ciudadanía, es menester que nadie busque en un tema tan sensible, tan preocupante, un aprovechamiento coyuntural. Todas las fuerzas políticas tienen que comprender que hoy el tema de la inseguridad es realmente un asunto de Estado y que tenemos que emplear todos los dispositivos a nuestro alcance; la policía, el aparato Judicial, todas las reparticiones del Estado cuyo trabajo incida directamente sobre la infraestructura pública y la calidad de vida de las personas, sobre todo, de las capas más vulnerables de nuestra sociedad; fundamentalmente la educación y todos aquellos elementos que nos permitan atacar este flagelo que hoy está lacerando y carcomiendo las estructuras democráticas, produciendo en un tejido social de por sí explotado, un continuo resquebrajamiento en la convivencia de las partes.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el relativo al abordaje convencional que suele dársele a la problemática, reduciéndola exclusivamente al universo de lo policial. Esta línea de pensamiento pone de manifiesto otro fenómeno propio de la cuestión, que es el enfriamiento del pensamiento referido a la seguridad, quedado congelado en las concepciones de hace muchos años, identificando el fenómeno de la inseguridad con un asunto meramente policial.

Se ha dicho en muchísimas oportunidades que la seguridad la hace la policía. Y en principio eso, indudablemente, es correcto. Pero hoy en todo el mundo se sabe que la seguridad se hace con la policía pero también con muchos otros factores y actores más.

En ese sentido, creemos necesario también que algunos conceptos se comprendan para interpretar lo complejo que ésta problemática resulta y que exige enfrentarla en manera conjunta, estado - policía - comunidad, en virtud de que se trata de un fenómeno multicausal, por lo que demanda de un abordaje desde políticas públicas activas, diversas y simultáneas. Requiriendo, por lo tanto, de amplios compromisos y responsabilidades por parte de cada sector, sinergia que ayudará a generar acciones concretas, y a encontrar las herramientas que de algún modo sean consensuadas por toda la comunidad mediante sus representantes y, fundamentalmente, mediante la participación plena de la ciudadanía en las políticas públicas a implementar.

El estado debe fijar el marco de acción

Urge que el Estado, en cualquiera de sus niveles y acorde a sus respectivas competencias, aborde la problemática, promueva su discusión democrática y fije los parámetros y conceptos desde los que se planificarán las acciones.

En nuestra opinión, la problemática de la (in)seguridad debe abordarse desde la premisa de que es un deber indelegable del Estado hacer valer la seguridad pública como un derecho colectivo y brindarla de un modo equitativo. Esto equivale a decir que el Estado debe brindar seguridad alejado de posiciones extremas, haciéndolo de manera universal pero también acorde a las diferentes necesidades y realidades objetivas, y que su acción debe responder a la síntesis de las discusiones entre todos los actores, en ámbitos en los que se promocionen la democracia y los derechos. También quiere decir que las sanciones a aplicar deben responder a la naturaleza de los delitos o faltas en sí, y no a “humores sociales”, cargados de subjetividades de origen a veces incierto.

Es importante establecer posicionamientos de manera transparente, ya que lo que se discute es sobre políticas públicas que, en definitiva, nos alcanzaran a todos y todas. No es matando que vamos a reducir el número de delitos. Y bien vale la digresión en el análisis, ya que la difusión de distintos actos delictivos, sobre todo en el caso de los más violentos, ha provocado que ciertos oportunistas procuren impulsar en la discusión pública sobre la (in)seguridad, propuestas tales como la reinstauración de la pena de muerte. Al respecto, viene al caso citar al escritor Albert Camus, quien sobre la misma sostuvo:”La pena capital es la forma más premeditada de asesinato, con la que ningún acto criminal se puede comparar, por muy calculado que éste sea. Para que existiera un equivalente, la pena de muerte debería castigar a un criminal que hubiera avisado a su víctima de la fecha en la que le provocaría una muerte horrible y que, desde ese momento, le hubiera mantenido confinada durante meses a su merced. Un monstruo así no se encuentra en la vida real1”.

Los esfuerzos en busca de soluciones deben abarcar desde el abordaje de los motivos socio-económicos de la inseguridad, hasta el estudio de los mecanismos para el combate del delito; desde la selección de los medios técnicos y profesionales para el control, hasta la imposición del marco conceptual dentro del cual deben buscarse los objetivos tácticos. Marco conceptual que debe estar dado por los fundamentos básicos de la democracia y el estado de derecho.

Aunque la reacción rápida, precisa y contundente ante la amenaza inminente de la comisión de un delito, es una demanda de solución instantánea legitimada por un contundente reclamo por parte de la sociedad civil, no podemos obviar que no hay política de seguridad eficaz que no haga pie en la coordinación de la lucha contra la marginación social, contra la pobreza, contra el desempleo y contra el relegamiento cultural. La apuesta por ciudades más seguras debe enmarcarse en el ámbito más general del objetivo permanente del desarrollo humano integral. Lo que implica, necesariamente, un plan de trabajo que contemple lo urgente, pero también y fundamentalmente, el mediano y largo plazo.

La realidad obliga a los distintos estamentos del poder público (Nación – Provincia – Municipio) a intervenir conjuntamente, desde sus respectivas competencias, en el desarrollo de una política integral de prevención del delito; una estrategia idónea para abordar una problemática que, aunque no siempre, comúnmente encuentra en adolescentes y jóvenes relegados económica y culturalmente, un caldo de cultivo en permanente y ascendente ebullición.

En ese sentido, la Municipalidad de Rosario en sus últimas dos décadas cuenta con un historial rico en experiencias de contención y promoción social, que son, desde el ámbito comunal, de hecho, los caminos posibles y necesarios hacia un modelo de seguridad ciudadana integral, sustentable e inclusiva.

En éste contexto, dos premisas resultan esenciales de establecer: por un lado, que se trata de producir un plan de seguridad ciudadana, no un plan de guerra; por el otro, que dados los deberes y las competencias del Estado Municipal, atentos al actual marco constitucional, se trata, principalmente, de llevar a adelante estrategias de Prevención del delito y de control de la labor de los funcionarios públicos, cualesquiera que fueran las reparticiones o estamentos a las/los que pertenecieran, mediante la participación activa de la ciudadanía.

Se trata, por otro lado, de producir una “pluralización de actores y racionalidades en el gobierno de la seguridad”2. Al menos si lo que se busca es evitar los “discursos únicos”, que por esa misma autoproclamada condición, nacen vigilantistas y autoritarios, y terminan en hechos todavía peores.

El desafio de los gobiernos comunales radica en la consolidación de la participación en el gobierno de nuestra serguridad pública. Consolidación que nos abre nuevos y más ecuánimes caminos, y que plantea todo un conjunto de nuevas oportunidades; por su mismo punto de partida, que es la primigenia concepción de involucrar a todos los actores, hasta por el hecho de que ésto promueve nuevas finalidades y ésta “pluralidad de racionalidades" que, naturalmente, implican una pluralidad de modos de intervención.

Cuando hablamos de Seguridad Ciudadana, hablamos también de impulsar en el nivel local, una política de desarrollo social local; se trata de promover la construcción de ciudadanía, de desarrollar políticas alternativas de resolución de conflictos, y también de incluir estrategias de prevención situacionales, tales como la implementación de cámaras de seguridad3 en determinados epacios públicos, o como la incidencia a partir del diseño urbanístico, entre otras.

Respecto de la incidencia a partir del diseño urbano, hace algunos meses diferentes inconvenientes fueron planeados por los vecinos aledaños a las obras de reconstrucción integral de Av. de la Travesía (Albert Sabin, Lamas, Corazzi). Se trata de una realización postergada por años, hasta que la actual gestión provincial emprendió manos a la obra. La misma, redundará en una puesta en valor sustancial de la zona, amen de colaborar concretamente en su urbanización y en una mejora notable en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, en su planificación distintos aspectos colatareles de los trabajos a realizar no fueron tenidos en cuenta, redundando en situaciones que en muchos casos aumentaron la vulnerabilidad de la zona, ya que por los trabajos realizados fueron modificados recorridos de líneas de colectivos y afectados pasos y luminarias en la zona4.

Si la planificación de tan importantes proyecto urbanístico se hubiera realizado con el coadyuvamiento de diferentes voces, particularmente las de los vecinos del lugar, las obras en cuestión solo hubieran reportado ganacias para el barrio y para la convicencia y el diario quehacer de sus vecinos y vecinas.

El contexto

Tiempo atrás, en su intervención en la Conferencia Interamericana de Seguridad Pública celebrada en Montevideo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, recordó que aunque en la región sólo habite el 8 % de la población mundial, aquí tiene lugar el 40 % de los homicidios por arma de fuego y el 66 % de los secuestros del planeta. Acto seguido, señaló que “un denominador común para el surgimiento de grupos delincuenciales son las precarias condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes”. También indicó que era de capital importancia la corrupción en el interior de los organismos de seguridad, “que no sólo se expande como un cáncer que facilita el accionar de los delincuentes, sino que también llena de dudas y temor a la sociedad”.

En otro orden, de su informe surgía que ante la falta de políticas públicas que combatan eficazmente el crimen en las calles, se ha llegado al punto en que cada vez más ciudadanos están ejerciendo justicia por mano propia, lo cual sin dudas agrava el problema.

Nada más alejado de ésta línea de análisis que el interés por la estigmatización, pero lo cierto es que a la gravedad de la paulatina armamentización de la población, hay que sumarle el hecho no menos trágico de que cada vez más jóvenes menores de 20 años se ven envueltos en hechos violentos, con armas de fuego. La evidencia es incontrastable; estos datos objetivos de la realidad tienen, en su mayoría, una naturaleza social que es manifiesta.

La falta de oportunidades, el consumo de drogas y alcohol, la escasez de actividades de ocio, situaciones familiares disfuncionales o la simple presión de grupo, lleva a buena parte de nuestras juventudes a involucrarse en temas como el narcotráfico y el pandillismo. O lisa y llanamente a la conformación de bandas delincuenciales, que siempre terminan siendo usadas como señuelos porque las leyes son más “blandas” con ellos.

Tal como sostiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una estrategia moderna de lucha contra el delito urbano, comienza necesariamente por reconocer que el crimen es una manifestación de ciertas condiciones predeterminadas de vida, con la excepción de aquellos delitos resultantes de patologías específicas. Todo acto criminal expresa un determinado tipo de disfuncionamiento en ciertos espacios sociales y tiempos históricos. Si la inseguridad en las ciudades del mundo crece día a día, esto se debe, y no a otra cosa, a que fallamos en construir un mundo más justo y un sistema urbano más habitable y equitativo. Es esencial reconocer, en un proyecto democrático, que la inseguridad es producto de la injusticia.

Por otro lado, donde antes había atención médica, escolaridad, pensiones y seguridad social públicas, hoy hay contrataciones externas: en las últimas décadas, se produjo una explosión de escuelas, seguros de salud, de pensiones y hasta de seguridad privados. Herramientas con las que, desde luego, no cuentan las capas más pobres de nuestra sociedad, con el agravante de que el Estado en retroceso es el primer y último refugio de las mismas.

Uno de los sociólogos que más a aportado a las ciencias sociales respecto del contexto actual, Ulrich Beck5, da el nombre de brasileñización6 al proceso; proceso que, en medio de ciudades que día a día se vuelven más genéricas y menos diferentes entre sí, hacia el interior de sus interrelaciones urbanas reproducen comportamientos e intercambios similares en casi todo el hemisferio occidental y en cada vez más ciudades del hemisferio oriental. Y siempre es en las periferias donde los efectos “colaterales” de éste nuevo modelo de acumulación se manifiestan con su cara menos simpática: es aquí donde se producen las mayores desigualdades y todos los conflictos en el orden social que éstas desencadenan, entre los que hoy destacan las conductas delictivas.

Resulta indispensable reconocer que la inseguridad es un fenómeno mucho más complejo que elaborar el título de una noticia de tinte sensacionalista, y que tiene que ver, como es el caso de nuestro país y el de un centro urbano como Rosario, con profundas transformaciones que se han operado en nuestro proceso productivo, redundando en una sustancial pérdida en la capacidad de contención que tenían los distintos estamentos de nuestra sociedad en años recientes. No resulta posible, y menos conveniente, negar que en los últimos 33 años las estructuras estatales argentinas han sufrido, de mínima, un proceso pronunciado de pérdida de su capacidad de inclusión.

En ese sentido, la inseguridad tienen que ver también con la inseguridad y la inestabilidad en el empleo, con la inseguridad en la educación, con la inseguridad de los padres y madres de familia como proveedores de seguridad y contención, así como con la inseguridad de los jóvenes de poder o no incorporarse al proceso productivo o de terminar sus estudios. Situaciones estas que han generado una sensación muy profunda de sentido de amenaza. Nuestra población se siente amenazada por riesgos diversos y no advierte en el horizonte que existan posibilidades de superar la inmovilidad actual.

En estos momentos, certezas tradicionales de los argentinos, como aquélla de que el trabajo acumulado en el tiempo tenía como consecuencia inmediata la prosperidad personal y material, son certezas que se han difuminado en el aire. Hoy todos y todas, en mayor o menor medida, estamos “en el aire”, y la sensación de incertidumbre colectiva contribuye a generar un clima creciente de inseguridad social, en todos los niveles.

Es un hecho de la realidad: la difícil situación socio-económica por la que atraviesan muchas de nuestras sociedades produce, como uno de sus síntomas principales, un angustiante y creciente índice de criminalidad; criminalidad que se manifiesta con diferentes modalidades y diversos niveles de agresividad o violencia. La inseguridad, tanto en su faceta real fáctica de los atentados contra la integridad física, la vida o la propiedad, como en su cara subjetiva del miedo, la parálisis y el terror, presiona para romper las reglas, los compromisos y las construcciones simbólicas: todo el conjunto de normas, leyes, códigos espontáneos y reglas de juego que organizan la vida urbana.

La juventud: víctima, no victimaria

La relación entre juventud y violencia se ha ido construyendo sobre la base de procesos contradictorios que, en general, tienden a estigmatizar y culpabilizar a los jóvenes de las zonas populares como causantes de la violencia y no como consecuencia de la misma.

Lo cierto es que la juventud es más víctima de la violencia que victimaria o, en otras palabras, “no es que los jóvenes escojan la violencia, sino más bien que ella los escoge. Los ambientes familiares desintegrados, el desempleo creciente, los valores sociales en transición, los medios de socialización como la escuela o la ciudad en crisis, terminan por empujarlos hacia un despeñadero de impredecibles consecuencias”7.

A través del trabajo de derterminados comunicadores y medios de comunicación suele emparentarse el término juventud con drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos o, simplemente, pandilleros. Y lo más grave es que ese mismo pensamiento, aprovechado por grupos de presión que que tratan de operar sobre la opinión pública en beneficio de sus propios intereses y no de los intereses comunitarios, en muchos casos puede llegar a conducir a la policía y a las autoridades de los distintos gobiernos a plantear políticas exclusivamente represivas. No ha sido el caso de la Municipalidad de Rosario, como no lo es actualmente en la provincia de Santa Fe, pero en Latinoamérica sobran ejemplos de ello.

“Ese tipo de miradas tienden a estigmatizar a los jóvenes pobres, llegando al punto de formular propuestas que en definitiva tienden a evitar que los pobres, principalmente sus niños y jóvenes, puedan salir de las áreas en las que viven o para mantenerlos bajo estrícta vigilancia”8. Lo que tristemente significa que alguien que es jóven y, además, de extracción popular, se convierte en el blanco preferido de las políticas de control y de represión, encubiertas bajo el pretexto de la violencia, detrás de un cinismo cobarde y pueril.

No resulta exagerado traer al debate un aspecto sumamente delicado de la cuestión. Y es que, como tiende a extenderse en el continente, los problemas estructurales de los sistemas policial y judicial, sumados a la erosión de la confianza que sobre los mismos tiene la población, más el fenómeno atróz del desarrollo de aparatos paramilitares, van generalizando ciertas prácticas de exterminio de niños y jóvenes, supuestamente por ser potenciales criminales, lo que ha tendido a imponerse en diferentes ciudades de latinoamérica bajo las eufemísticas denominaciones de "limpieza” o “profilaxis social"9.

Hacia la construcción de un estado inteligente

El destacado politólogo Guillermo O'Donnell observó que los grandes dilemas de la democracia, consisten en que los ciudadanos sepan defender su condición de agentes generadores de un poder ascendente.

En esa línea, cabe preguntarse: ¿cómo delegar el poder pero a su vez controlarlo; cómo hacer realidad el desafío de la concepción ascendente del poder, y cómo ejercer el derecho de exigir un estado inteligente?

Para O'Donnell, la perspectiva del poder conlleva a un dilema central e insoluble: “cómo constituir poderes capaces de proveer un foco de identidad colectiva a fin de tomar decisiones para resolver problemas comunes, ejerciendo al mismo tiempo un control sobre ellos para que no se vuelvan sobre la sociedad de manera arbitraria”10. Tal cual nuestro dilema: los poderes que delegamos y que sin nuestra voluntad no podrían existir, tienden hacia el comportamiento símil al de Fausto respecto de Mefisto, como a autonomizarse de su procedencia. Se trata, también, de una especie de extrañamiento entre el representante y el representado; sensación frecuente tras los procesos electorales y, conforme pasa el tiempo, en casi toda la vida cívica de nuestra sociedad.

De lo que aquó hablamos es de una concepción del ser humano en sociedad, que implica una relación directa y necesaria entre ser portador de un derecho y ser agente de se mismo derecho. En palabras del propio O`Donnell: “ese agente es portador de razón práctica y de discernimiento moral, y son esas condiciones las que le dan sentido a la asignación de derechos”. Para él, el gran desafío de la ciudadanía es “recordar exigentemente a los poderes del Estado que ellos son nuestros y que por lo tanto son para nosotros. “No es fácil”, advierte, “sobre todo cuando la ciudadanía coexiste en sociedades terriblemente desiguales. Se trata de un ejercicio de autopedagogía colectiva, mediante el cual decimos a los poderes que seguimos siendo su único origen y justificación posible”11.

En definitiva, la construcción de un Estado inteligente implica, entre otras cosas, demandar y colaborar en producir “un Estado inteligente, que reclute gente capacitada y que perfeccione a su personal. Esto va a humanizar los poderes, en contraposición con las cosas terribles que se vivieron en algunas épocas en nuestro país con prácticas que se ejercieron también desde el Estado”12.

Crear estas herramientas inteligentes para que nos ayuden en el cumplimiento de nuestros objetivos y a garantizarnos como ciudadanos el pleno ejercicio de nuestros derechos elementales, como el derecho a la vida, el derecho a la tranquilidad, el derecho de propiedad o el derecho a vivir en una sociedad civilizada, implica, por otro lado, que debemos esforzarnos por crear una mirada multidisciplinaria sobre la problemática, entendiendo desde un principio que se trata de un desafío sumamente complejo el que enfrenta la sociedad argentina, y que excede largamente el marco de las decisiones meramente policiales.

Entonces, surge la necesidad de planificar y desarrollar herramientas claras de participación social, que sirvan para incidir de un modo decisivo en la formulación y ejecución de las políticas que la presente crisis requiere.

Es nuestro deber impulsar la conformación de espacios públicos, integrados por la mayor cantidad posible de actores de la comunidad que se involucren aportando iniciativas e ideas; sumando esfuerzos a fin de buscar y producir soluciones conjuntas

para el problema de la (in)seguridad. Debemos apostar a la integración como una iniciativa de la sociedad que quiere participar en las decisiones que democráticamente le corresponden.

Desde nuestra óptica, la Seguridad Ciudadana implica la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo y de las instituciones del Estado. Y ésto se debe a que, mientras la sociedad se vuelve más compleja, las causas de la criminalidad se hacen más complicadas e interrelacionadas. Como hemos visto, actualmente en la problemática se imbrican factores sociales y económicos que hacen que la misma requiera de respuestas más sofisticada. Salvo que una fuerza policial esté preparada como una “fuerza de ocupación”, la única posibilidad real de combatir al delito y la inseguridad, dentro del marco de la democracia y el Estado de derecho, es con el conjunto de las estructuras socioeconómicas y del Estado.

La Participación como fundamento de la acción

“La participación mejora al hombre porque lo hace artífice de su destino; mejora el resultado de toda gestión social, evita la corrupción y la degradación, ya que ellas desaparecen cuando el pueblo controla”

Guillermo Estévez Boero

La inseguridad urbana, se manifiesta en dos dimensiones confluyentes: en su dimensión objetiva, que incluye el riesgo material de ser víctima de delitos; y en su dimensión subjetiva, en relación a la sensación de miedo y pánico social al delito. Pero en cualquier caso, constituye en nuestros días una de las preocupaciones centrales no sólo de las instituciones tradicionalmente encargadas de prevenir el delito, sino también de la sociedad en su conjunto.

En relación al tema, es importante no obviar un componente cultural no menor: la tradición histórica de los países latinoamericanos, y concretamente de Argentina, en la cuestión de la seguridad. Indudablemente existen déficits que deben ser abordados, tales como nuestro pasado autoritario, el alto grado de violencia con el que se desempeña la institución policial, la falta de eficacia por parte del Estado en general en la prevención del delito, etc. Por lo que, tratando de asumir y modificar esta realidad, no es casualidad que surja de manera cada vez más frecuente desde los discursos de los gobiernos locales, la apelación a la comunidad como un nuevo actor en la problemática de la prevención del delito, a través de la implementación de diversos programas. Es que la participación funciona en el sentido de disolver las fronteras burocráticas que separan al ciudadano del Estado. Y fomentarla es positivo en sí mismo.

Ahora bien, la emergencia de este nuevo actor plantea interrogantes que también urgen de ser abordados con amplitud y profundidad. “Por ejemplo, ya que la participación activa de la comunidad en el problema de la prevención del delito, se realiza en el marco de decisiones gubernamentales que apelan a la democratización de las políticas públicas, aparece como relevante el análisis de si este fin es sustancial o sólo declarado”13. En éste aspecto, tenemos la convicción de que la participación se convoca pero, fundamentalmente, se asume, y que el poder político debe alentar a la sociedad civil a la colaboración activa y propositiva.

El pueblo debe ser el sujeto principal de la seguridad pública. La participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas de seguridad pública es un derecho de los habitantes, resultando obligatoria su promoción por parte del Estado. Y éste posicionamiento no es antojadizo, ya que la comunidad es clave para detectar problemáticas de inseguridad locales y para fortalecer un proceso de transparencia de la labor policial y del Estado en general, que en definitiva deben rendir cuentas de los resultados obtenidos a la sociedad.

Abrevamos en la convicción de que es a partir del Estado que se podrá reestructurar la relación Estado-Sociedad, con particular profundidad cuando la problemática atraviesa el tejido social de manera transversal, como es el caso de la problemática de la inseguridad. Promover políticas de enlace, contribuye a la recohesión de la sociedad y posibilita el escenario donde resulta posible que surja un proyecto alternativo.

Las concepciones de la seguridad pública que antaño ha sostenido nuestra sociedad, está a la vista, han fallado irremediablemente. Hay que construir otro modelo.

Es inocultable que existe una crisis profunda de la democracia representativa, y que sus vacíos han generado continuas tensiones en el tejido social. Pero la solución para ésta crisis no es menos democracia, menos derechos, menos convivencia, sino todo lo contrario. En éste aspecto, suscribimos al profesor Norberto Bobbio, para quien “los problemas de la democracia, se solucionan con más democracia”.

Por otro lado, creemos que cuando hablamos de “participación” en un tema tan sensible como el de la seguridad ciudadana, hablamos de transitar desde la simple participación en los espacios formales predeterminados para tales fines, a una visión estratégica del control público del Estado. Hablamos de impulsar un marco normativo de participación directa de la ciudadanía que tenga fuerza sobre el Estado para influenciarlo y controlarlo; permitiendo la estructuración de una opinión pública libre, originaria de una relación dialógica y crítica, y no una subsidiaria de las estructuras convencionales y/o de los discursos hegemonistas que tienden a presentarse no solo como los mejores, sino como los únicos.

Puntos básicos para un programa de Seguridad Ciudadana

“El nuevo concepto de Seguridad Ciudadana amplía su campo a áreas descuidadas en el concepto de la prevención del delito, ampliándose positivamente sobre el abordaje de situaciones que, sin configurar eventos delictivos, resultan definidas como causantes de malestar, daño o perturbación a reglas de convivencia ciudadana y a un ámplio conjunto de otros derechos”

Enrique Font

- Propuestas de vecinos y vecinas: son ellos los que mejor conocen los movimientos del barrio, los lugares y los horarios conflictivos.

- Recuperación de los espacios públicos para la vida comunitaria: la calidad de vida de las personas y de la comunidad, no mejora con el encierro en casas o en countrys, a modo de fortalezas, sino por la apertura a la interacción normal de las personas en lugares públicos, rediseñados para generar un entorno pacífico, que facilite y estimule la relación entre los ciudadanos.

- Jerarquizar la función policial y el sistema judicial: Si bien el Estado Municipal de Rosario, acorde al marco constitucional en vigencia en la Provincia de Santa Fe, no tiene competencia para obrar directamente sobre éstas instituciones, sí puede, en cambio, promover desde distintos ámbitos su jerarquización y la implemehtación de medidas que colaboren en esa dirección.

La ciudadanía debe contar con un acceso a los servicios policiales y judiciales, equivalentes y proporcionales a los problemas que enfrenta. Este acceso, debe considerar en especial los problemas que se desarrollan en los grandes centros urbanos. Tanto los cuerpos de seguridad como del sistema judicial, deben contar con el equipamiento necesario y la formación adecuada, tratándose de funcionarios públicos de un estado de derecho.

- Regenerar las instituciones de detención de los menores en conflicto con la ley. Al igual que en el punto anterior, la competencia municipal sobre el tema es bastante limitada. No obstante puede promover desde todos sus ámbitos que las mismas funcionen como espacios de recuperación de los jóvenes en situación de conflicto con la ley, y no como (de)formadoras e instigadoras de más violencia y de más conductas delictivas, como suele suceder en determinados casos relevados por la prensa.

- Economías delictivas / Impulso de campañas masivas e intensivas de “No compre robado”14: La "modernización" de la actividad delictiva, se expresa a través de la organización de ciertos circuitos del delito con criterio empresarial; lo que vuelve la trama de la delincuencia más complejas, con mayores y variados recursos, y con una mayor infiltración en la sociedad y el Estado.

Como señala Fernando Carrión15, las bandas delictivas hoy “en general, operan a través de economías ilegales (no informales) bajo reglas impuestas por la propia violencia. Son escenarios de mercados ilegales donde se comercian armas, drogas ilícitas, sexo, artículos robados, o se desarrolla la "industria" del secuestro y del "ajuste de cuentas".

Junto con el aumento de la pobreza, es éste carácter mercantil el que ha producido la gran transformación e incremento de la violencia urbana. Y en muchos casos, su escala llega a ser internacional. Por la vía de los mercados ilegales llegan a desarrollarse verdaderas empresas transnacionales del delito; desde los de mayor peso, como el narcotráfico y, en menor medida, los relativos a asaltos a bancos y casas comerciales, hasta los relativos al robo de vehículos o la depredación del patrimonio cultural de una ciudad, entre otros.

- Asistencia a las Víctimas: El impacto que padece la víctima de un delito provoca múltiples consecuencias, que van desde la pérdida de objetos de su pertenencia, a lesiones físicas y emocionales de diversa índole, llegando hasta su muerte en los casos extremos.

Luego del impacto del delito, la víctima por lo común continúa afectada por éste emocionalmente, lo que inevitablemente repercutirá en sus actividades laborales, educativas, sociales y en relación a su grupo familiar. Por tal motivo, en corto plazo es necesario crear Centros de Asistencia a las Víctimas de Delitos, los que deberían funcionar con un equipo interdisciplinario y tener como tarea fundamental el desarrollo de la problemática victimológica y la asistencia interdisciplinaria de las víctimas, con el objetivo de atenuar las consecuencias que ocasiona el delito, tanto en el ámbito individual, como el familiar y el social.

Programas de resocialización de jóvenes de la calle: una de las causas de la delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales, culturales o sociales integradoras que optimicen el uso de su tiempo libre, como alternativa a los entornos juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. En este sentido, creemos que es necesario ofrecer opciones atractivas a los jóvenes, especialmente a los que no concurren a la escuela, ayudando además en su reinserción al sistema educativo formal; también es necesario ofrecer opciones atractivas a aquellos que carecen de suficiente contención familiar, cuando no están, desde temprana edad, al frente de sus propias familias.

Los programas que se implementen deben cubrir no solo aspectos socioculturales o pedagógicos, de por sí importantes, sino que deben tender a abarcar la problemática de la subsistencia, impulsando la preparación tanto para el mercado laboral actual, como para la autogestión.

- Prevenir la deserción escolar: Un porcentaje significativo de los delincuentes juveniles no van a la escuela. Cuando un joven abandona el sistema escolar, sus oportunidades de acceder al desarrollo de su persona conforme a las posibilidades con que cuenta un país son mínimas, presentándose entonces la actividad delictiva como una opción potenciada. Consecuentemente, reducir la deserción escolar es una forma de prevenir la delincuencia.

- Promover la Educación para la No Violencia: El actual modelo educacional carece de instrumentos que enseñen a los niños, desde edad temprana, a manejar sus conflictos en forma no violenta. Debe inculcárseles desde pequeños el respeto a las ideas y derechos de los demás en un marco de convivencia y de reciprocidad. Y dado nuestro devenir histórico como sociedad, deben de inculcársenos de grandes también.

- Implementar programas de desarme: La demanda y el uso de armas ligeras está directamente relacionada con el potencial delictivo. La solución de fondo a este problema comprende un Estado presente y con políticas de desarme. Esto conduce a un abandono progresivo de la cultura de la violencia y del uso ilegal de armas de fuego.

- Programas masivos e intensivos de Educación Vial: Los datos objetivos de la realidad indican claramente que las muertes no naturales en nuestro país son lideradas, en primer término, por las ocurridas en accidentes de tránsito. Recién en un 4º lugar se ubican las acontecidas en episodios de delitos.

Rosario, en la materia y fruto de políticas activas, hoy muestra cifras alentadoras. No obstante ello, educar permanente en la cuestión vial es vital, en toda las dimensiones del término.

- Programas masivos e intensivos de Prevención del alcoholismo y la drogadicción. Promoción de campañas de propaganda contra el narcotráfico y la venta desleal de bebidas alcohólicas a menores de edad, o al público en general fuera del horario o del tipo de establecimientos habilitados a tales efectos por el marco legal vigente.

- Promover la Mediación como alternativa para la solución de conflictos. Una de las cualidades de éste método de solución de conflictos es que conlleva implícitamente un efecto educativo, ya que quienes participan del mismo asumen responsabilidades con relación a sus controversias y su solución, internalizando éstas prácticas como herramientas para resolver pacíficamente nuevos conflictos que puedieran presentarse en adelante.

Promover de manera masiva e intensiva Programas de Cultura Ciudadana. Con el objetivo de lograr: un mayor cumplimiento de las normas de convivencia; que la ciudadanía se encuentre dotada de una mayor capacidad para persuadir a otros a cumplir las normas pacíficamente; mejorar la capacidad para concertar acuerdos y dar solución pacífica a los conflictos entre ciudadanos; y mejorar la capacidad de comunicación de los ciudadanos (expresión, interpretación) por medio del arte, actividades culturales, la recreación y el deporte.

Por todo lo expuesto, es que los concejales y las concejalas abajo firmantes, elevan para su aprobación, el siguiente proyecto de ordenanza.

ORDENANZA

Creación de los Observatorios de Seguridad Ciudadana

por Seccionales Policiales y por Distritos Municipales.

Foro Anual de Seguridad Ciudadana.

CAPÍTULO 1:

OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA POR SECCIONALES POLICIALES

Art.1º: Creanse los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Seccionales Policiales, los que se constituirán de acuerdo a la división geográfica que utiliza la policía de la provincia en la ciudad.

Art.2º: INTEGRACIÓN: Estos observatorios estarán integrados por:

2.1: ACTORES ADSCRIPTOS TERRITORIALMENTE: Sujetos sociales con domicilio o actividad debidamente documentada en la seccional en cuestión.

Comisario de la seccional correspondiente.

Asociaciones de comerciantes e industriales.

Asociaciones civiles, vecinales y ONG´s.

Organizaciones sindicales.

Autoridades de las instituciones edcucativas.

Asociaciones cooperadora de la seccional (policiales, escolares, de clubes, etc).

Representantes de Centros Crecer (de encontrarse uno o más en la seccional).

Representantes de comedores, copas de leche y centros comunitarios.

Grupos de vecinos y vecinas que acrediten labor en la problemática.

Todo vecino o vecina de la seccional que lo deseara y con documentación que corrobore su adscripción trerritorial al observatorio, previa inscripción, cuyas formas serán instituídas por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a través de la reglamentación de la presente.

2.2: ACTORES DE PARTICIPACIÓN SUPRA TERRITORIAL:

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la Provincia de Santa Fe.

Jefes policiales de los destacamentos específicos.

Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario (Sub Secretaría de Seguridad Comunitaria, Guardia Urbana Municupal, Tránsito y Control Urbano).

Funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario (Transporte Urbano de Pasajeros, Alumbrado Público y Parques y Paseos, Secretaría General).

Concejales y concejalas de la ciudad.

Representantes de las comunidades educativas de nivel terciario y/o universitario de la ciudad.

Centro de ex Combatientes de Malvinas de Rosario.

Organizaciones de derechos humanos.

Cuerpo de bomberos voluntarios y/o zapadores.

Art.3º: OBJETIVOS: Los Observatorios de Seguridad por Seccionales Policiales tendrán por objetivo:

- Elaborar un plan de trabajo periódico, detallando los objetivos y las metas a alcanzar en cada seccional según el lapso de tiempo propuesto en cada caso.

- Elevar diagnósticos, propuestas y observaciones respecto de la seguridad pública en la seccional y las condiciones de los servicios públicos, la infraestructura urbana, las barreras físicas, etc, a las autoridades pertinentes.

- Promover medidas de prevención del delito, en articulación con las áreas pertinentes del ejecutivo municipal y provincial.

- Control y evalucación del desempeño de los funcionarios públicos.

- Incorporar de manera activa a los y las jóvenes en los proyectos comunitarios y vecinales, dando preponderancia a aquellos que pudieran significar oportunidad de una mejor preparación para el mercado laboral o para la auto gestión.

- Prevención de la deserción escolar.

- Promover programas masivos e intensivos de Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción.

- Promover la Educación para la No Violencia.

- Promover campañas masivas e intensivas de Educación Vial.

- Promover campañas de desarme de la población.

- Promover la Educación para la Cultura Ciudadana.

- Promoción de la Mediación como herramienta democrática de resolución de conflictos.

- Controlar y difundir los resultados de la aplicación de las medias impulsadas por los Observatorios, elevando semestralmente informes al Concejo Municipal de Rosario respecto del desarrollo de las actividades y proyectos abordadas.

Art. 4º: TEMÁTICAS A ABORDAR:

- Difusión y reelaboración periódica del Manual de Buenas Prácticas para la Seguridad Ciudadana que anualmente el municipio debe repartir junto a la Tasa general Inmueble (TGI), según la ordenanza Nº 8.434, aprobada por éste Cuerpo. En cada observatorio se realizarán las adaptaciones y reelaboraciones particulares acordes a cada seccional.

- Políticas de prevecnión del delito.

- Vigilancia pública y privada.

- Corredores seguros.

- Problemáticas relativas a Servicios Públicos (accesibilidad y transitabilidad de calles, frecuencias y recorridos del Transporte Público de Pasajeros, luminarias, etc).

- Establecimiento de mecanismos de “Denuncie Fácil”.

- Vulnerabilidad social en el barrio.

- Conteción y promoción social de niños, niñas y adolescentes.

- Violencia urbana.

Art. 5º: PERIODICIDAD: Los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Seccionales Policiales convocaran a todos sus integrantes para la elaboración de diagnósticos y de propuestas de manera mensual (reuniones ordinarias)16, no siendo ésto razón para evitar que, de resultar necesario, las convocatorias se realicen con mayor frecuencia (reuniones extraordinarias).

Art. 6º: El mes calendario en el que coincidieran con la realización de las reuniones ordinarias de los Observatorios de seguridad Ciudadana por Distritos Municipales17, no se celebraran las reuniones ordinarias de los Obsrvatorios de Seguridad Ciudadana por Seccionales Policiales.

Art. 7º: CONVOCATORIA: El DEM, a través de la Secretaría de Gobierno, tendrá a su cargo la convocatoria de los integrantes de los Observatorios y la coordinación con vecinos, vecinas, organizaciones con domicilio en la seccional y autoridades públicas.

Asimismo, el DEM tendrá a su cargo las gestiones de las locaciones para albergar las reuniones de los Observatorios, ya sean éstas locales de vecinales, clubes barriales, o el espacio físico que fuera posible en cada caso, como así también el acondicionamiento de las salas para tales fines.

Art. 8º: ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNOS:

Serán redactado por el DEM, conensuando los textos de los mismos en acuerdo con las organizaciones y vecinos/as participantes en cada seccional, en asambla especial convocada a tal fin.

Art. 9º: El DEM abrirá a 30 días a posteriori de la aprobación de la presente, la inscripción a los registros para participar de éstos obserrvatorios.

El período de isncripción se extenderá por 30 días, pudiendo el DEM extender el plazo por otros 30 días más, según su criterio.

Los lugares de inscripción serán establecidos en los Centros Municipales de Distritos correspondientes a cada seccional.

Art. 10º: El registro de vecinos y organizaciones participantes podrá actualizarze periódicamente a solicitud de los interesados.

Al finalizar cada reunión ordinaria de los Observatorios, se procederá a relevar las nuevas solicitudes de participación, siendo necesario la mitad más uno de las voluntades presentes para la aceptación del ingreso de los solicitantes.

Art. 11º: DE LAS RESULUCIONES ADOPTADAS Y DE LOS TEMAS ABORDADOS:

Se deberán conformar actas escritas detallando los temas abordados y las resoluciones adptadas en cada reunión.

Las resoluciones que se adopten en los Observatorios serán de tipo “consultivas”, no vinculantes para el poder público.

Tanto éstas como los temas abordados, deberan ser comunicados por escrito a 24 hs de la realización de las reuniones a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, a la Presidencia del Concejo Municipal de Rosario (CMR) y a las Comisiones de Gobierno y Cultura y de Derechos Humanos del mismo.

CAPÍTULO 2:

OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA POR DISTRITOS MUNICIPALES

Art. 12º: Créanse los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distritos Municipales, los que geográficamente se constituirán de acuerdo a la división administrativa municipal (CMD).

Art. 13º: INTEGRACIÓN: Estos observatorios estarán conformados por los mismos actores que participen en sus respectivos Observatorios por seccionales, según se detalla en el artículo 2º de la presente. Además, serán convocados para éstos observatorios:

- Directores de los respectivos Centros Municipales de Distritos (CMD).

- Representantes de la secretaría municipales de: Promoción Social, Obras Públicas y Planeamiento.

- Comisarios inspectores zonales.

- Representantes del sistema judicial con competencia en el distrito.

- Integrantes del Concejo Económico y Social.

Art. 14º: OBJETIVOS: Los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distritos Municipales tendrán por objetivo:

- Elaborar un plan de trabajo anual, detallando los objetivos y las metas a alcanzar en cada seccional en ese lapso de tiempo.

- Impulso y elaboración de políticas públicas activas que integren geográficamente los ámbitos de mayor vulnerabilidad urbana.

- Elevar diagnósticos, propuestas y observaciones a las autoridades pertinentes respecto de la seguridad, condiciones de urbanización y accionar del Poder Judicial en cada Distrito.

- Promover medidas de prevención del delito, en articulación con las áreas pertinentes del ejecutivo municipal, provincial y nacional.

- Control y evalucación del desempeño de los funcionarios públicos

- Incorporar de manera activa a los y las jóvenes en los proyectos comunitarios y vecinales, dando preponderancia a aquellos que pudieran significar oportunidad de una mejor preparación para el mercado laboral o la auto gestión.

- Prevención de la deserción escolar.

- Impulsar la regeneración de los espacios públicos barriales mediante la gestión de inversiones públicas y privadas para infraestructura.

- Promover acciones destinadas a formalizar las relaciones de propiedad en Fonavis y otros emprendimientos públicos de viviendas colectivas, con el propósito de erradicar la venta ilegal de éstas propiedades, muchas veces utilizadas con fines delictivos, y a fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes.

- Participación en la planificación de las grandes obras de infraestructura en los respectivos Distritos, a fin de morigerar los efectos no deseados de las mismas, en cuanto a las barreras físicas que éstas suelen erigir durante su construcción, como así también a la afectación de las luminarias públicas, etc.

- Promover programas masivos e intensivos de Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción.

- Promover la Educación para la No Violencia.

- Promover campañas masivas e intensivas de Educación Vial.

- Promover campañas de desarme de la población.

- Promover la Educación para la Cultura Ciudadana.

- Promoción de la Mediación como herramienta democrática de resolución de conflictos.

- Controlar y difundir los resultados de la aplicación de las medias impulsadas por los Observatorios, elevando semestralmente informes al Concejo Municipal de Rosario respecto del estado del trabajo desarrollado.

Art. 15º: TEMÁTICAS A ABORDAR:

- Problemáticas interseccionales

- Vigilancia pública y privada.

- Corredores seguros interseccionales.

- Economías delictivas.

- Problemáticas relativas a Servicios Públicos (accesibilidad y transitabilidad de calles, frecuencias y recorridos del Transporte Público de Pasajeros, luminarias, etc).

- Establecimiento de mecanismos de “Denuncie Fácil”.

- Vulnerabilidad Social.

- Programas y acciones zonales de conteción y promoción social para niños, niñas, adolescentes y adultos desocupados, en espacial aquellos que fortalezcan las posibilidades de acceso al mercado laboral o que formen en la autogestión.

- Programas de desarme de la población.

- Vulnerabilidad social en el Distrito.

- Asistencia de las víctimas de delitos.

Art. 16º: PERIODICIDAD: Los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distritos Municipales convocaran a todos sus integrantes para la elaboración de diagnósticos y de propuestas de manera trimestral (reuniones ordinarias), no siendo ésto razón para evitar que, de resultar necesario, las convocatorias se realicen con mayor frecuencia (reuniones extraordinarias).

Art. 17º: CONVOCATORIA: El DEM, a través de sus respectivos directores de Distritos, tendrá a su cargo la convocatoria de los integrantes de los Observatorios y la coordinación con vecinos, vecinas, organizaciones con domicilio en los respectivos distritos y autoridades públicas.

Asimismo, el DEM tendrá a su cargo las locaciones para albergar las reuniones de los Observatorios, ya sean éstas locales de vecinales, clubes barriales, el propio Centro Municipal de Distrito o el espacio físico que fuera posible en cada caso.

Art. 18º: DE LAS RESULUCIONES ADOPTADAS Y DE LOS TEMAS ABORDADOS:

Se deberán conformar actas escritas detallando los temas abordados y las resoluciones adaptadas en cada reunión.

Las resoluciones que se adopten en los Observatorios serán de tipo “consultivas”, no vinculantes para el poder público.

Tanto éstas como los temas abordados, deberán ser comunicados por escrito a 24 hs de la realización de las reuniones a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, a la Presidencia del Concejo Municipal de Rosario (CMR) y a las Comisiones de Gobierno y Cultura y de Derechos Humanos del mismo.

CAPÍTULO 3:

FORO ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE ROSARIO

Art. 19º: Instituyase el Foro Anual de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Rosario, espacio de discusión colectiva sobre la problemática de la Seguridad Pública.

El mismo, se llevará a cabo en el Concejo Municipal de Rosario y serán convocados los mismos actores que conformarán los Observatorios de Seguridad Ciudadana por Distrito, más los integrantes del Concejo Económico y Social y figuras públicas de destacada participación en el tema, tanto del sector público (universidades, Ministerio del Interior, etc), como del sector privado.

Art. 20º: OBJETIVOS:

- Valoración de los planes públicos respecto de la Seguridad Ciudadana desarrolados a la fecha, tanto en el estamento municipal, como en los estamentos provincial y nacional.

- Elaboración y debate de nuevas propuestas.

- Exclusión. Elaboración y gestión de planes universales de seguridad, y de contención y promoción social.

- Drogadicción. Políticas de prevención y de reducción de daños.

- Evaluación del desempeño de las fuerzas de seguridad pública y privada.

- Evaluación del desempeño del sistema judicial en sus diferentes estamentos.

- Impulso de observatorios de criminalidad adolecente, con el fin de profundizar el estudio y las políticas a aplicar en éste segmento de la población que hoy resulta el más afectado por la problemática de la Seguridad-Inseguridad.

Art. 21º: La organciación de éste Foro y su convocatoria se llevarán a cabo en conjunto entre el Concejo Municipal de Rosario, a través de su Comisión Asesora de Seguridad, y del DEM, a través de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe.

En este Foro se realizarán paneles con disertantes especialistas en las disciplinas relativas a la Seguridad-Inseguridad y con el testimonio de los participantes de los Observatorios por seccionales y distritales. También se desarrolaran talleres y comisiones para el abordaje de temas específicos vinculados a la problemática.

Art. 22º: Comuníquese con sus considerandos.-